El texto señala que estos establecimientos no están atendidos de forma permanente debido al recorte de gastos de los últimos años y que ello perjudica de forma muy notable a este colectivo.

 

Además, la Eurocámara abordó hoy una denuncia realizada por Alejandro Sánchez, en nombre de la Fundación Equo, sobre la presunta infracción de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia en Europa por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Según el peticionario, el Ayuntamiento cambió de ubicación varias estaciones de medición y eliminó otras localizadas en lugares en los que el nivel de contaminación era más alto, lo cual infringe la citada directiva. 

 

La comisión de Peticiones también analizó otra denuncia presentada por Ramón Rodríguez Viñals sobre la falta de evaluación de impacto en relación con granjas eólicas instaladas en Extremadura. Realizada en nombre del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex), la queja expone que la Junta de Extremadura no ha sometido dos decretos que regulan proyectos de granjas eólicas a evaluaciones estratégicas ambientales, infringiendo la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, así como la Ley española 9/2006. 

 

Asimismo, se ha estudiado otra denuncia de miembros de la Asociación de Vecinos de Moncofa y de la Asociación de Vecinos La Torre. La queja señala que las aguas residuales de diferentes puntos de Castellón no se están recogiendo adecuadamente y están acabando en el mar. 

 

 

La Eurocámara también habrá de pronunciarse sobre una denuncia presentada por Francisco Verdún Pérez que argumenta que la ‘ley de tasas judiciales’ contraviene la normativa europea sobre la protección de los derechos del consumidor y limita los derechos de las personas a ejercitar acciones judiciales, algo que “atenta contra la esencia del derecho a un recurso legal efectivo".

 

Por último, se trató una queja presentada por Juan Javier Rodríguez Menéndez y Marcelina Menéndez López sobre el uso fraudulento de fondos de la Unión para un terreno en Asturias; otra denuncia en nombre del Institut Agrícola Català Sant Isidre por una ley de la comunidad autónoma de Cataluña que considera va en contra de la normativa y jurisprudencia europeas porque no compensa a los propietarios o empresarios forestales de una red de reservas de bosques maduros y de alto valor natural, y otra petición que afirma que los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia son muy superiores a los permitidos por la legislación de la UE y ponen en riesgo la salud de la población.